La hora de la valentía

Ser optimista no suele ser considerado un mal atributo para las personas. De hecho, los optimistas suelen contar con la aprobación generalizada del resto, y hacen gala de su visión broteverdiana del mundo. Es muy probable que ser optimista sea, efectivamente, útil, reconfortante y sensato la mayor parte del tiempo. Pero cuando las nubes se asoman por el horizonte, un exceso de optimismo puede ser el principio del fin. Esa tendencia innata a pensar que todo va a salir bien porque sí y que en la vida basta con dejarse llevar, podría hacértelas pasar canutas. Es lo que se llama «optimismo negligente». Sí, querido buenista; las cosas pueden salir mal –o muy mal– si en ocasiones no te das un baño de gélido realismo y tomas medidas proactivas para resolver los problemas, en previsión a que estos se agraven.

La maldita crisis que padecemos desde el derrumbe de Lehman Brothers –que en España vino a incendiarse por el inmovilismo de un optimista negligente de manual– hace mucho que dejó de ser una amenaza en forma de nubarrón para convertirse en el Diluvio Universal remasterizado. Y mientras que luchamos por mantenernos a flote como sociedad, males de largo alcance se han ido abriendo paso y asentándose casi sin que nos demos cuenta. Naturalizados por el clima generalizado de caos y miedo.

En Educación Social lo sabemos. Lo sabemos muy bien. Porque uno de esos males estructurales que se ha establecido en el sector, amparado por el discurso del miedo al abismo que se ha usado para estrujarnos durante la crisis por nuestra clase política, está poniendo en serio peligro a la profesión y, por ende, a las personas para las que trabajamos. Es un mal complejo, y del que todos, en mayor o menor medida, somos corresponsables. La «lógica» de la privatización-precarización.

Pero permitidme que profundice un poco en el asunto, aún a sabiendas de que las posibles lecturas y los elementos para el análisis son numerosos y complejos. A riesgo de simplificar, aquí va mi disección gruesa del fenómeno…

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Gobernadas por unos y otros, y teóricamente garantes del sostenimiento y defensa del Estado Social por mandato constitucional. Primerísimas responsables de la retirada paulatina del Estado de sus funciones de protección y promoción de las personas, especialmente de las más desfavorecidas. Unos lo llaman privatización, así, sin vaselina, porque no les duelen prendas y es el modelo de sociedad en el que creen y construyen sin complejos. Otros lo llaman gestión mixta, externalización o agromenauer, porque tienen que ir de tapado y vender la moto al reducto de ciudadanos que aún confunden siglas con Política. Obligados a disimular porque tienen que volver a casa por Navidad, sin jugarse que los abuelos que sangraron y sudaron para darles dignidad y libertad, les partan la cara por traidores y falsificadores.

Amparados por la sacrosanta austeridad del Merkelato, la mejora de la cuenta anual de resultados, la eficiencia y otros artilugios dialécticos y de marketing político, han ido transfiriendo sus funciones a terceros. Mercadeando con lo que es de todos y todas. Subastando las joyas de la corona de los servicios públicos al mejor postor, que paradójicamente suele ser el peor a la larga, tanto en cuanto es el que más barato –y habitualmente cutre– lo hace.

LAS CONCESIONARIAS. 

A devorar el cadáver de los servicios sociales públicos llegaron las concesionarias. Tradicionalmente en nuestro sector, Organizaciones No Gubernamentales que perdieron el «No» por el camino, para convertirse en Organizaciones Gubernamentales a sueldo. Organizaciones que en muchas ocasiones suplantan por completo al Estado por cuatro perras gordas, y que perdieron otras funciones sociales como la supervisión del Poder, la dinamización social y la defensa de los intereses de la ciudadanía. Se han convertido –en ocasiones instrumentalizadas sin ser conscientes de ello– en las marcas blancas del partido de turno.

Aún tengo fresca en la memoria la frase de un cargo político de los Servicios Sociales, que a los postres de una comida informal, suelto de lengua y confiado de espíritu, afirmó sin que le temblara la voz:

«Si quieres acabar con la presión de las ONG´s, haz que se maten entre ellas. Reparte por el barrio un poquito de dinero».

 

Sería injusto y falso mantener que todas las organizaciones se ajustan a esta descripción. Muchas organizaciones siguen siendo fieles a sus principios fundacionales, mantienendo una actitud coherente y comprometida. Juegan su función social con dignidad, enormes dosis de sacrificio y compromiso. ONG´s que lo siguen siendo mientras colaboran con las administraciones sin caer en servilismos, sin contraer lealtades forzadas y deudas institucionales ilegítimas. Doy fe de ello. Las aplaudo y apoyo como puedo y está en mi mano.

Otras son conscientes de que no hacen las cosas como les gustaría, pero están atrapadas en el dilema ético de seguir trabajando para las personas y mantener los puestos de trabajo de sus plantillas, frente a la opción de cerrar sus puertas o hibernar mientras pasa lo peor del temporal. En mi opinión, flaco favor se hacen como entidades o a sus profesionales y, a la larga, tampoco creo que beneficien con esta elección a las comunidades en las que están presentes, perpetuando el status quo y cronificando el problema.

Con todo, cuando ese cadáver ya no es más que un montón de huesos, siempre hay bichos que aún ven chicha para repelar. Las empresas multiservicio. Carentes de tradición pública, vínculos con la comunidad o principios fundacionales basados en el beneficio común, la equidad, o la justicia social. Centradas prioritariamente, como empresas al uso que son, en dar la mayor cantidad de beneficio económico a sus propietarios. Limpian edificios, vigilan parkings, construyen infraestructuras y, subidos a la ola de la que hablamos, atienden a personas mayores, a usuarios de comedores escolares, o prestan servicios educativos a familias en conflicto social sin el mayor reparo por ello. Contratan sin la exigencia de los principios de «mérito, capacidad y transparencia» que sí existe para lo público, a personas sin cualificaciones profesionales suficientes para puestos de muy difícil desempeño.

LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

Claro que la fiesta de la privatización no iba a salirnos gratis. O al menos no a todos. La factura se le pasa al currela.

«Traiga usted la cuenta Señor Alcalde, que a esta ronda de servicios sociales invito yo, con el pan de mis hijos y el sudor de mi frente».

Los costes de la prestación de los servicios sociales tienen apartados fijos. Innegociables. Los intereses de los préstamos que las ONG´s tienen que afrontar para su funcionamiento cotidiano –ya que las Administraciones no pagan a tiempo–. Los suministros de luz, agua, alimentos, telecomunicaciones o gestión. Seguros, gasolinas, materiales fungibles e inventariables. Impuestos y cotizaciones. Y no hablemos de los beneficios en el caso de las empresas, que se meten en esto para sacar tajada. Todo esto vale lo que vale, y nadie va a hacer rebajas a las organizaciones pese a lo encomiable del servicio social que prestan.

De lo que siempre se acaba tirando es del Capítulo de Personal. Así que chicos, ajustaros los cinturones que estamos en crisis y es lo que toca; contratos para trabajar con personas en situaciones de extrema dificultad, que exigen enormes dosis de profesionalidad y compromiso a los trabajadores, por sueldos miserables, jornadas leoninas y periodos contractuales brevísimos. Condiciones que muchas veces se ven forzados a aceptar porque no tienen mejores opciones, y lo que sí que tienen es la mala costumbre de comer y llevar las habichuelas a sus precarizadas familias.

Degradación y vulnerabilidad laboral. Indignidad y vergüenza. La penúltima consecuencia del invento de la privatización. Porque la última y más dolorosa es para los siguientes. El último eslabón de la cadena…

LAS PERSONAS

Necesitadas de la atención de unos servicios sociales de calidad, por encontrarse atravesando diversas circunstancias, casi siempre difíciles, están en el ojo del huracán de este modelo nefasto.

Atendidas por profesionales malpagados, a veces desmotivados, sustituidos cada dos por tres, o sin la formación adecuada para el puesto que ocupan. Rechazadas por exceder el cupo de usuarios previsto en la licitación del servicio, o atendidas de forma exprés para dejar paso al siguiente y poder así cubrir los objetivos cuantitativos establecidos. Intermitencias en la intervención, cambios de entidades con el consiguiente reseteo del proceso, o medios materiales insuficientes. Descoordinación entre agentes sociales, fragmentación en el uso de los recursos… El listado de agravios es casi inacabable.

Los servicios sociales de calidad son un derecho inalienable de la población. Pero esta acaba por asumir, poquito a poquito, que lo que les corresponde es lo que tienen, y que sus líderes políticos han diseñado el mejor sistema posible para velar por sus intereses. Se da por hecho que las cosas son como las viven, y que nunca fueron ni podrían ser mejores. Esa indefensión aprendida, conduce al conformismo, que hace que el Poder se sienta legitimado para seguir avanzando en esta espiral de destrucción del sistema de bienestar y del Estado Social, que ni ya es tanto Estado, y desde luego muy poco le queda de Social.

 

 

Esta perversa dinámica ha venido para quedarse y servir a los intereses espurios de sus promotores. No pasará sentándonos a ver si escampa. Ser optimistas en esta situación nos puede aniquilar o dejarnos tocados de muerte. No es la hora del optimismo; Es la hora de de la valentía.

Hora de invertir esta dinámica. De asumir colectivamente el desafío de recuperar para las personas un sistema de servicios sociales de calidad. Hora de:

• Exigir al Poder la rendición de cuentas. Que expliquen con detalle y transparencia el impacto que sus prácticas privatizadoras están causando para el conjunto de la sociedad, y que asuman la responsabilidad de gestionar nuestra comunidad de forma ética y equitativa.
• Poner en valor el trabajo de los y las profesionales de la Acción Social. Elementos clave de la cohesión y el desarrollo sostenible de los territorios. La red de seguridad que permite que todos podamos tener la tranquilidad de ser protegidos si un día la vida nos hace caer. Recuperar el prestigio social de la profesión, y traducir ese reconocimiento en el apoyo de las instituciones y el respeto de todos.
• Dignificar las condiciones laborales de estos perfiles, equilibrando la altísima exigencia de su desempeño con el establecimiento y cumplimiento de convenios colectivos dignos y justos.
• Pedir a las concesionarias la gestión responsable y ética de los servicios que prestan, lo que pasa ineludiblemente por el cuidado de sus profesionales y la defensa del sector frente a prácticas políticas inmorales y, diría yo, inconstitucionales. Apoyar a los responsables de las ONG´s en las reivindicaciones de una inversión pública garantista en los servicios que prestan.
• Devolver a los Servicios Sociales al lugar del que nunca debieron salir, y que no es otro que el corazón del Sistema y la pieza más importante para garantizar el desarrollo social justo y equilibrado.  Impedir que se mercadee con lo público, y que se establezcan mecanismos de cooperación con las ONG´s coherentes y bien financiados.

 

Ser valientes es asumir que la Política está al servicio de las personas. Estar dispuesto a renunciar a parte de lo mío para el beneficio común. Asumir que la conquista de los derechos sociales que costó ríos de sangre a nuestros antepasados no nos puede ser arrebatada sin oponer resistencia. Y que, como cantaba Aute, la ideología se materializa con nuestras acciones, no con los discursos o las militancias de ocasión.

Chema Burgaleta.